El expresidente de Colombia Gustavo Petro enfrenta un escándalo político y mediático tras las acusaciones de Deicy Jiménez, quien asegura haber obtenido contratos estatales a cambio de mantener relaciones sexuales con el mandatario. El caso estalló el 25 de octubre cuando Jiménez concedió una entrevista de 22 minutos a la periodista Vicky Dávila, directora de Revista Semana y opositora política a Petro, donde describió una supuesta relación romántica y beneficios contractuales durante la administración del expresidente. Tras la entrevista, Jiménez publicó un video en redes sociales que presuntamente probaría su relación con Petro. El escándalo, bautizado por la prensa colombiana como los "sexocontratos", ha desencadenado múltiples indagaciones judiciales contra el expresidente.
Según el relato de Jiménez, conoció a Petro a través de una plataforma de modelaje webcam, donde el expresidente aparentaba ser un cliente ordinario bajo un seudónimo. Posteriormente, se encontraron en persona en un hotel de Cali e iniciaron una relación romántica, tras la cual ella se trasladó a Bogotá. Una vez en la capital, comenzó a recibir contratos con diversas entidades del Estado, aunque Jiménez no aclaró explícitamente si Petro le ofreció directamente estos contratos como contraprestación por sus interacciones sexuales.
Además de su propio caso, Jiménez afirmó que se trataba de una red mucho más amplia, estimando que "entre 30 y 40 mujeres" habían obtenido beneficios contractuales y puestos estatales mediante acuerdos similares con el expresidente, supuestamente a cambio de "acompañarlo" en "fiestas sexuales". Sin embargo, hasta el momento no han trascendido testimonios de otras mujeres ni evidencia que corrobore la existencia de esta red organizada de favores sexuales.
Petro ha rechazado categóricamente las acusaciones sobre el intercambio de contratos por sexo, afirmando en un comunicado que "vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante". Aunque no niega su relación personal con Jiménez, el expresidente sostiene que el escándalo es parte de una operación política orquestada por el gobierno actual e insinúa que la mujer fue pagada para realizar sus declaraciones. Las investigaciones judiciales continúan en diferentes instancias a raíz de las acusaciones y el material audiovisual presentado.
Fuente: BBC Mundo — Ver nota original
