El dirigente del movimiento político Vente Venezuela en el municipio Andrés Eloy Blanco en el estado Lara, Juan Diego Lucena, denunció presuntas irregularidades administrativas durante un procedimiento de fiscalización que terminó con el cierre del negocio familiar. De acuerdo con Lucena, la medida se ejecutó bajo una ordenanza local publicada el pasado 14 de septiembre, la cual otorga un lapso de gracia de tres meses para que los comerciantes regularicen su documentación. En la denuncia también detalló que, tras recibir una primera notificación formal con un lapso fijado de tres días hábiles para subsanar los trámites, las autoridades municipales procedieron al cierre del establecimiento al día siguiente. El dirigente calificó la actuación de los funcionarios como un acto de persecución política en su contra y denunció que se vulneró el derecho al debido proceso, asegurando además que otros dueños de negocios en la localidad han recibido requerimientos bajo la misma modalidad. «No es solamente el emprendimiento de Juan Diego y Marielis, son muchos comercios los que están siendo afectados en Sanare», manifestó el dirigente al alertar sobre el impacto que estas medidas generan en la dinámica económica del comercio local. Ante la arbitrariedad denunciada, Lucena introdujo solicitudes formales de reconsideración a la Alcaldía del Municipio Andrés Eloy Blanco, sin embargo hasta la fecha no hay respuesta. Foto: Cortesía Post Views: 21
Fuente: El Informador — Ver nota original
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