La pérdida de la independencia judicial, la provisionalidad masiva de jueces y el uso del derecho penal como herramienta de persecución política, convirtió la transformación del sistema de justicia en una condición ineludible para el restablecimiento de la democracia y la seguridad jurídica en el país. Caracas. La reactivación de los espacios de diálogo político, y la discusión sobre la renovación de los poderes públicos, dejó nuevamente en el centro de la agenda nacional la urgencia de renovar y transformar el sistema de justicia antes de cualquier giro político o electoral. Tanto los políticos, como las organizaciones de la sociedad civil, y los académicos insisten en este cambio como una necesidad, vista la “instrumentalización” del sistema judicial para validar acciones del Ejecutivo, ocultar la corrupción y perseguir a la disidencia. El empleo del sistema judicial como “un brazo ejecutivo” del chavismo es ampliamente denunciado. En entrevista con Crónica Uno, la abogada penalista y académica, Magaly Vásquez, aseguró que en el país se instauró, hace años, el “derecho del enemigo”, en el que se emplea la justicia como un mecanismo de persecución del adversario. Y aunque un cambio requiere pasos que van más allá de elegir un nuevo Tribunal Supermo de Justicia (TSJ), este es un buen comienzo. Crónica Uno seleccionó algunos aspectos que permiten entender los nudos críticos que ahogan la administración de justicia en Venezuela y por qué su transformación es un paso ineludible. Foto: Crónica.Uno El valor de la justicia El sistema de justicia es el pilar del Estado de Derecho. Actúa como el árbitro imparcial que frena los abusos de poder y protege los derechos ciudadanos. La Constitución de 1999 estableció que los jueces deben ser autónomos, independientes y titulares en sus cargos. De hecho, en el artículo 254 se consagra la independencia del Poder Judicial y se establecen los parámetros para garantizar la imparcialidad de los juzgadores. Sin embargo, cuando este
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